No existen compromisos: El informe no detalla convenios, acuerdos firmados ni alianzas estratégicas vigentes con organizaciones sociales. La relación se limitó a coberturas de prensa y eventos de carácter temporal, sin que exista una obligación institucional de continuidad para la nueva gestión.
No existen compromisos: Al no haber acuerdos formales con sectores sociales, el riesgo radica precisamente en la falta de compromisos que den certidumbre a la ciudadanía. Esto genera un vacío que puede derivar en conflictos ante la ausencia de una agenda de comunicación social heredada o pactada.
Inexistencia de compromisos técnicos: No se registran compromisos para la resolución de demandas captadas en el monitoreo de redes sociales, lo que deja estos reclamos como conflictos potenciales sin hoja de ruta
No existen compromisos de gestión: La ausencia de compromisos institucionales claros en el informe revela una gestión basada en la inmediatez. No se heredan planes estratégicos, metas de largo plazo ni obligaciones que aseguren la sostenibilidad de la comunicación institucional más allá del cierre de la administración saliente.
Falta de compromisos operativos: No se evidencia un compromiso formal de traspaso de activos digitales o protocolos de crisis, lo que obliga a la nueva gestión a iniciar desde cero ante la inexistencia de estas responsabilidades documentadas