XII. PRINCIPALES OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN

Se identifica, en primer término, un problema estructural de fragmentación y entrega incompleta de información institucional, que afecta la posibilidad de reconstruir de manera integral y verificable la gestión de la Secretaría Municipal de Culturas durante el periodo evaluado. La información fue entregada de manera parcial, dispersa entre distintas unidades y, en varios casos, con carácter referencial o preliminar, sin respaldo documental suficiente para cerrar técnicamente los apartados relativos a resultados, rendición de cuentas, recursos humanos, procesos internos, situación patrimonial y soporte tecnológico. Esta situación constituye una debilidad estructural de seguridad, archivo y control institucional. En segundo término, se advierte una dependencia estructural respecto de la Dirección de Tecnologías de la Información y Gobierno Abierto (DTIGA) para componentes críticos del funcionamiento institucional. El propio informe establece que aspectos sensibles como respaldo de información, almacenamiento, bases de datos, licencias, contratos de internet, accesos a sistemas y permisos de usuarios no son administrados directamente por la Secretaría Municipal de Culturas, sino por la instancia central del GAMLP. A ello se suma la existencia de un ecosistema de aproximadamente 54 sistemas institucionales, cuya administración no es íntegramente controlada por la unidad evaluada. Esta centralización, combinada con la fragmentación interna de responsabilidades sobre hardware, CCTV, redes sociales y otros activos tecnológicos, limita la autonomía operativa de la Secretaría y dificulta una visión integral e inmediata del estado real de su plataforma tecnológica. Asimismo, se identifica una obsolescencia e insuficiencia material del equipamiento tecnológico, puesto que, conforme a la información recabada por la comisión, aproximadamente el 80% de los equipos tecnológicos son antiguos, muchos con data aproximada del año 2010, además de no existir equipos suficientes para cubrir las necesidades operativas del personal. Esta situación afecta procesos de digitalización, gestión documental, comunicación interna y soporte cotidiano de las actividades administrativas y culturales. Sin perjuicio de que parte del riesgo tecnológico corresponde al nivel central, el informe también incorpora información proporcionada por la DTIGA en el sentido de que la obsolescencia de la infraestructura física de servidores pone en riesgo 195 TB de información actual e histórica, que no se cuenta con equipos de respaldo de telecomunicaciones, que no existe presupuesto suficiente para mejorar hardware y software, y que no se ha previsto la renovación del parque tecnológico desde la gestión 2003. Tales condiciones configuran una debilidad crítica de continuidad operativa del GAMLP, con incidencia directa sobre la Secretaría Municipal de Culturas por su dependencia tecnológica del nivel central. Otro problema estructural identificado es la debilidad en el control patrimonial y en la administración de bienes institucionales. La información revisada muestra la existencia de 11.080 registros en Activos SISPAM, 350 registros en Activos Código Manual y 659 activos adeudados por ex servidores, sin que se haya acreditado su conciliación total, actualización plena ni verificación física integral. Además, se reportan observaciones de estado regular, defectuoso o deteriorado en parte del mobiliario y equipamiento, así como incertidumbre sobre la ubicación y condición real de determinados bienes. Esta situación implica un problema estructural de saneamiento patrimonial, control interno y cierre administrativo de custodia. En materia de recursos humanos, se advierte una debilidad estructural de planificación y control de dotación, debido a que, pese a contar con información general sobre la existencia de 236 funcionarios, distribuidos entre 107 eventuales y 129 de planta, no se proporcionaron matrices oficiales que permitan comparar personal planificado versus ejecutado, identificar acefalías, establecer brechas reales de dotación ni verificar de manera documentada la situación integral del personal y de las consultorías. Adicionalmente, se reportó de forma referencial que alrededor del 35% del personal tendría algún grado de inamovilidad laboral y que existirían procesos laborales con posibles impactos económicos, incluso con referencias a pagos indemnizatorios elevados; sin embargo, esta información aún no cuenta con respaldo documental suficiente, lo que refuerza la observación sobre debilidad estructural en la gestión y sistematización de información de recursos humanos. También se constata una debilidad estructural en la formalización de procesos y procedimientos, puesto que no fue proporcionado el Manual de Procesos ni documentación suficiente que permita verificar su existencia, actualización, implementación o grado de aplicación efectiva. La ausencia de esta información impide evaluar de manera objetiva el nivel de formalización operativa, la estandarización de procedimientos y la consistencia de los controles internos aplicados por la unidad organizacional. En el ámbito financiero y contractual, se identifica una debilidad estructural de control y seguimiento administrativo, dado que, si bien se cuenta con información presupuestaria consolidada y con reportes de contrataciones en curso, no se remitió la desagregación suficiente por fuente de financiamiento para las gestiones 2021–2025. Del mismo modo, en contratación se evidencian 26 procesos en curso en la gestión 2026, todos en etapa de numerado, así como obligaciones firmadas y devengadas pendientes de pago o conclusión administrativa y financiera, lo que revela riesgos de demora, observaciones y reprogramaciones presupuestarias. Riesgos críticos (operativos, legales y financieros) Desde el punto de vista operativo, los principales riesgos se vinculan con la dependencia tecnológica de la DTIGA, la obsolescencia del parque informático, la falta de información integral sobre procesos, la insuficiencia de equipos para el personal, la incertidumbre sobre el estado real de activos y la existencia de obligaciones contractuales aún pendientes de conclusión. Todo ello compromete la continuidad normal de funciones administrativas, documentales, culturales y de soporte logístico de la Secretaría. Desde el punto de vista legal, la ausencia de informes finales de gestión, rendiciones públicas de cuentas, documentación de respaldo de resultados, información sobre acefalías, inventarios conciliados y respaldo formal de ciertas observaciones de recursos humanos puede generar observaciones de control interno, dificultades de rendición de cuentas, contingencias laborales y eventuales responsabilidades administrativas o funcionales. Desde el punto de vista financiero, se identifican riesgos asociados a la falta de desagregación presupuestaria por fuente, a posibles contingencias laborales, a la eventual pérdida o deterioro patrimonial por activos no regularizados, y a demoras en la conclusión de pagos u obligaciones contractuales. A ello se suma, en el ámbito central de soporte tecnológico, la falta de presupuesto suficiente para renovación y mejora de hardware y software reportada por la DTIGA, lo cual incrementa el riesgo de interrupciones y costos institucionales futuros.