X. CONTRATACIONES

Se identifican procesos en curso de especial relevancia dentro del área de Promoción Cultural y Patrimonio que, por su temporalidad, modalidad de contratación y efectos presupuestarios, impactan directamente en la continuidad de gestión de la siguiente administración. Con fecha 31 de marzo de 2026 figuran los procesos 205349 y 205348, ambos vinculados a contrataciones directas para actividades de promoción cultural. La observación principal radica en que estos procesos fueron iniciados en una etapa cercana al cierre de gestión y durante el periodo de transición administrativa, comprometiendo recursos públicos de la nueva administración sin evidencia suficiente de planificación técnica de largo plazo ni justificación operativa urgente. La proximidad temporal genera dudas razonables sobre la necesidad real de la contratación y su posible utilización para consolidar obligaciones de última hora. Se identifican también los contratos vinculados a medicina tradicional, procesos 204771, 204758 y 204757, con vigencia contractual hasta el 30 de junio de 2026. Estos contratos extienden obligaciones presupuestarias más allá del cierre de la gestión saliente, trasladando compromisos económicos a la siguiente administración sin que se evidencie una estrategia clara de continuidad institucional ni evaluación técnica de impacto, lo que representa una carga financiera heredada con limitada capacidad de revisión posterior. En el caso de la Festividad de Alasita, con fecha 22 de enero de 2026, se registran múltiples procesos como 204590, 204589, 204587 y 204571, todos asociados a contrataciones de servicios relacionados con el evento. Se observa una fuerte fragmentación contractual mediante múltiples procesos de menor cuantía para objetos similares o complementarios, situación que requiere revisión detallada para determinar si existió división artificial del objeto contractual con el fin de evitar modalidades de contratación más rigurosas o procesos de licitación pública. Se detectan procesos con registros incompletos o sin trazabilidad adecuada en sistemas oficiales, incluyendo casos sin CUCE o con referencias como “0-0-0-0”, lo que genera una observación crítica respecto a transparencia, legalidad y posibilidad de fiscalización posterior. La inexistencia de registro formal o la ausencia de documentación suficiente convierte estos procesos en especialmente sensibles para la transición institucional, ya que no deberían ser reconocidos automáticamente como obligaciones válidas sin una revisión legal exhaustiva. La revisión preliminar permite concluir que existen procesos en curso que no solo comprometen recursos económicos significativos, sino que además presentan riesgos administrativos y contractuales relevantes, especialmente cuando fueron iniciados en fechas cercanas al cierre de gestión, bajo modalidades simplificadas y con expedientes incompletos. Esto exige una verificación documental rigurosa antes de cualquier reconocimiento de obligación por parte de la nueva administración.

Se identifican riesgos contractuales de alta relevancia dentro de los procesos revisados en Promoción Cultural y Patrimonio, particularmente en contrataciones directas, servicios recurrentes y procesos ejecutados en periodos cercanos al cierre de gestión. La principal preocupación radica en la posible fragmentación del objeto contractual, utilizada para dividir servicios similares en varios contratos menores y evitar modalidades de contratación más rigurosas como licitación pública o contratación por comparación de ofertas. Esta situación se observa con especial claridad en los contratos vinculados a medicina tradicional, donde existen tres procesos distintos por montos de Bs 12000 cada uno, manteniendo el mismo objeto contractual y periodos similares de ejecución. La reiteración de montos idénticos y la separación artificial de contratos genera una presunción razonable de fraccionamiento indebido, afectando principios de transparencia, eficiencia y legalidad administrativa. Se advierte también un posible riesgo de simulación de pluralidad de oferentes, particularmente cuando se presentan distintos proveedores para servicios prácticamente idénticos, sin evidencia suficiente de análisis de mercado real ni justificación técnica diferenciada. Casos como Judith Vidaurre y Rosario Carazas reflejan esta observación, donde la aparente competencia podría responder únicamente a una formalidad documental sin verdadera concurrencia de mercado. El direccionamiento de contrataciones constituye otro riesgo relevante, especialmente cuando se identifica recurrencia sistemática de determinados proveedores sin documentación suficiente que acredite evaluación comparativa, análisis de costos o criterios objetivos de selección. Esta práctica debilita la legitimidad de la contratación pública y genera observaciones sobre posible favoritismo o discrecionalidad administrativa. Se detectan contratos firmados con posterioridad a la realización efectiva del evento o con plazos de ejecución extremadamente reducidos, incluso de un solo día calendario, lo que sugiere la posibilidad de formalización posterior para justificar pagos ya comprometidos. Esta práctica desnaturaliza el proceso contractual y puede convertir la contratación en un simple respaldo documental de gastos previamente ejecutados sin procedimiento regular. Existe también riesgo por el uso indebido de la modalidad de contratación menor en procesos de montos elevados, particularmente en los procesos 205075 y 205074 por Bs 260000, donde la cuantía obliga a una revisión estricta de la modalidad utilizada. Si se confirma el uso incorrecto de contratación menor, podría configurarse una vulneración directa a la normativa de contratación pública. Los contratos con vigencia extendida hasta junio de 2026 generan además un riesgo institucional importante al comprometer presupuestariamente a la nueva administración sin una adecuada planificación de transición ni evaluación técnica de necesidad. La gestión saliente no puede convertir obligaciones apresuradas en cargas automáticas para la siguiente gestión sin sustento documental suficiente.

Se identifican procesos críticos para la continuidad de gestión dentro de Promoción Cultural y Patrimonio debido a que comprometen recursos económicos, generan obligaciones administrativas para la nueva gestión y presentan observaciones relevantes de legalidad, planificación y seguimiento institucional. Los contratos vinculados a medicina tradicional, correspondientes a los procesos 204771, 204758 y 204757, constituyen uno de los principales puntos de atención al mantener vigencia contractual hasta el 30 de junio de 2026. Estos procesos trasladan obligaciones presupuestarias a la siguiente administración sin que se evidencie una planificación integral de continuidad institucional ni una evaluación técnica clara sobre su necesidad, impacto y sostenibilidad. La nueva gestión hereda compromisos económicos ya asumidos con limitada capacidad de revisión. Los procesos de contratación directa de fecha 31 de marzo de 2026, identificados como 205349 y 205348, también representan un punto crítico por haberse iniciado en una etapa muy cercana al cierre de gestión y durante el periodo de transición administrativa. La temporalidad genera observaciones sobre la urgencia real de la contratación y la posibilidad de que se trate de mecanismos orientados a comprometer recursos antes del cambio de administración, reduciendo margen de decisión a la gestión entrante. Los contratos relacionados con la Festividad de Alasita, particularmente los procesos 204590, 204589, 204587 y 204571, requieren revisión prioritaria por la concentración de montos elevados y la fragmentación contractual observada. La multiplicidad de procesos de menor cuantía para objetos vinculados a un mismo evento puede generar responsabilidades administrativas posteriores si se verifica división artificial del objeto contractual o uso indebido de modalidades simplificadas de contratación. Los procesos observados por uso de modalidad “Menor” en montos de Bs 260000, específicamente los procesos 205075 y 205074, también requieren atención inmediata por posible vulneración normativa. Si se confirma una contratación inferior a la modalidad exigida por el monto, la responsabilidad no solo es administrativa sino potencialmente objeto de control externo y observación por instancias de fiscalización. Resulta igualmente prioritario avanzar en la planificación, seguimiento y control de los procesos vinculados a la Festividad del Señor Jesús del Gran Poder, por tratarse del principal evento patrimonial y cultural de la ciudad, con alto impacto económico, turístico y simbólico. La magnitud presupuestaria y operativa de esta festividad exige control técnico permanente, articulación interinstitucional y previsión administrativa suficiente para evitar improvisación, sobrecostos y observaciones posteriores. La Feria Dominical de Mil Colores constituye también un tema crítico de continuidad de gestión, debido a su carácter recurrente, su impacto en economías creativas y su relación directa con productores culturales, artesanos y sectores económicos vinculados a la actividad cultural paceña. La falta de planificación sostenida o la reducción de control sobre su funcionamiento puede afectar no solo la gestión cultural, sino también la percepción ciudadana sobre la capacidad institucional de sostener políticas culturales permanentes. La continuidad de gestión no debe entenderse como la aceptación automática de toda obligación heredada, sino como la verificación técnica y legal de aquello que realmente corresponde asumir. Reconocer procesos irregulares sin revisión previa no garantiza continuidad institucional, únicamente traslada el problema y amplía la responsabilidad de la nueva administración.

Se observa una preocupante concentración de la gestión en contrataciones fragmentadas, de corta duración y escasa trazabilidad técnica, particularmente en actividades de promoción cultural vinculadas a eventos masivos y servicios recurrentes. La administración priorizó la ejecución inmediata y la salida operativa antes que la planificación estructural, generando una lógica de gestión reactiva donde el objetivo parece ser cerrar procesos rápidamente y no necesariamente garantizar eficiencia, transparencia o sostenibilidad institucional. La reiteración de contratos menores con objetos similares, montos repetidos y proveedores recurrentes evidencia una práctica administrativa que requiere revisión profunda. La fragmentación contractual no puede normalizarse como método de gestión, especialmente cuando permite evitar modalidades de contratación más rigurosas. Cuando tres contratos hacen exactamente lo que uno solo debía hacer, no estamos frente a eficiencia administrativa, sino frente a una alerta de control. Se advierte debilidad en la justificación técnica de varias contrataciones directas, particularmente aquellas iniciadas en fechas cercanas al cierre de gestión o durante el periodo de transición administrativa. La proximidad temporal genera la impresión de una administración más preocupada por comprometer recursos antes de dejar funciones que por garantizar procesos sostenibles para la siguiente gestión. La urgencia de última hora rara vez es técnica; casi siempre es política. Los procesos vinculados a la Festividad de Alasita reflejan un uso intensivo de contrataciones de menor cuantía para objetos complementarios de un mismo evento, lo que obliga a revisar si existió división artificial del objeto contractual. La cultura no puede convertirse en excusa permanente para flexibilizar controles administrativos. El valor patrimonial de un evento no exonera la obligación de cumplir la normativa de contratación pública. La Festividad del Gran Poder, por su magnitud presupuestaria y simbólica, debería contar con el mayor nivel de planificación técnica y control institucional, sin embargo persiste una lógica donde la urgencia operativa reemplaza la gestión preventiva. La concentración excesiva de recursos en eventos de alta visibilidad política no garantiza una política cultural eficiente si no existe trazabilidad clara del gasto ni evaluación objetiva de resultados. La Feria Dominical de Mil Colores presenta una contradicción similar. Se la sostiene como política de fortalecimiento cultural y económico, pero no se evidencian mecanismos sólidos de medición de impacto, sostenibilidad o consolidación real de economías creativas. Se reporta la feria como actividad cumplida, pero no necesariamente como política pública evaluable. El evento existe; el resultado no siempre. La ausencia de indicadores claros de desempeño agrava todas estas observaciones. Se mide si hubo contratación, si hubo evento y si hubo ejecución presupuestaria, pero no si existió eficiencia, impacto cultural o fortalecimiento patrimonial real. La administración parece haber confundido ejecución con gestión y gasto con resultado. La nueva administración no debe asumir automáticamente que todo proceso heredado constituye una obligación legítima e incuestionable. La revisión documental, técnica y legal no es una formalidad, es una necesidad institucional. Continuidad de gestión no significa heredar errores con firma de conformidad; significa corregir aquello que fue administrado con improvisación y excesiva comodidad burocrática. No se posee informacion para verificar la existencia de garantías, por la naturaleza de la direcci{on se puede inferir que si existen son escasas.