Se verificó que la Dirección no cuenta con un sistema informático propio o especializado diseñado específicamente para la gestión de sus funciones sustantivas, lo que genera una alta dependencia de procesos manuales, registros dispersos y mecanismos administrativos generales que dificultan la trazabilidad, el control y la eficiencia operativa.
La información vinculada a soporte tecnológico, resguardo y administración digital se encuentra centralizada en el departamento DTIGA, instancia responsable de la gestión técnica y administrativa de los recursos informáticos institucionales. En dicha unidad se concentra el control relacionado con el respaldo y backup de información institucional, almacenamiento y resguardo de datos, administración de bases de datos, licencias de uso de software, contratos de servicios de internet, así como la asignación de accesos a los sistemas y la administración de permisos de usuarios.
Esta estructura evidencia que la Dirección depende de una instancia transversal para la gestión tecnológica, sin contar con herramientas propias de seguimiento o sistemas especializados adaptados a sus necesidades operativas, lo que limita la autonomía funcional y puede afectar la capacidad de respuesta, control documental y continuidad administrativa.
Se observa que la Dirección de Promoción Cultural y Patrimonio no cuenta con evidencia suficiente de la existencia de un sistema informático específico, operativo y funcional destinado exclusivamente a la gestión de sus competencias sustantivas, o en su defecto, dicho sistema no fue puesto en conocimiento ni entregado a la Comisión de Transición para su verificación correspondiente. Esta omisión resulta particularmente relevante considerando que la unidad administra procesos complejos vinculados a patrimonio cultural material e inmaterial, concursos municipales, FOCUART, registros culturales, control documental, seguimiento programático y actividades de promoción cultural de alto impacto presupuestario.
La información tecnológica identificada se encuentra concentrada principalmente en DTIGA, instancia encargada del soporte institucional general relacionado con backup de información, almacenamiento de datos, administración de bases de datos, licencias de software, contratos de servicio de internet, accesos a sistemas y permisos de usuarios. Sin embargo, esta estructura corresponde a soporte tecnológico transversal y no constituye un sistema especializado de gestión cultural ni patrimonial que permita control técnico, trazabilidad documental y seguimiento sustantivo de las funciones propias de la Dirección.
No se evidenció la existencia de una plataforma propia que permita administrar de forma integral el seguimiento de concursos municipales, control de proyectos financiados por FOCUART, registro y defensa del patrimonio inmaterial, trazabilidad de investigaciones culturales, indicadores de impacto de inversión cultural, ni mecanismos de resguardo jurídico vinculados a propiedad intelectual aplicada al patrimonio cultural. Esta ausencia limita de manera directa la capacidad institucional de control, supervisión, continuidad administrativa y defensa técnica de los bienes culturales bajo su responsabilidad.
La normativa municipal establece expresamente la obligación de administrar el sistema de procesos y procedimientos de la unidad organizacional, así como la implementación de indicadores que midan el impacto de las inversiones culturales y el aseguramiento del Sistema de Información de Patrimonio Cultural. La falta de evidencia sobre la existencia y operatividad de estas herramientas genera una observación crítica, al evidenciar una brecha entre la obligación normativa y la práctica administrativa real.
La Dirección no puede sostener una gestión patrimonial eficiente sobre la base de archivos dispersos, registros manuales o dependencia operativa de funcionarios específicos. La ausencia de institucionalización tecnológica no solo incrementa el riesgo de pérdida documental y discontinuidad administrativa, sino que debilita la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad de defensa legal del patrimonio cultural paceño. En una unidad cuya función central es preservar memoria institucional y patrimonio colectivo, esta debilidad no es menor, constituye una falla estructural de gestión.
El Decreto Municipal adjunto constituye el instrumento normativo que regula la organización y funcionamiento general de la Secretaría Municipal de Culturas y Turismo, estableciendo su estructura interna, niveles de dependencia, competencias, atribuciones y responsabilidades de cada una de sus Direcciones y unidades funcionales. En términos prácticos, este Decreto funciona como el manual base de funcionamiento institucional de la Secretaría, ya que define el marco operativo sobre el cual se desarrollan los procesos administrativos, técnicos y de gestión de todas las áreas dependientes, incluida la Dirección de Promoción Cultural y Patrimonio.