El estado general de la Dirección de Gobernabilidad y sus unidades dependientes es crítico. La unidad presenta un conjunto de debilidades estructurales que comprometen severamente su capacidad de cumplir con las funciones encomendadas por normativa municipal.
La infraestructura física es decadente: oficinas en malas condiciones, equipamiento obsoleto y escasez de activos operativos (vehículos, mobiliario, tecnología). La planta de personal es insuficiente en el componente operativo y presenta deficiencias en perfiles técnicos para las funciones de control, fiscalización y gestión jurídica.
El funcionamiento institucional es excesivamente burocrático, con normas internas desactualizadas, un MOF que no refleja la realidad organizacional y procedimientos que no han sido modernizados acorde a la demanda ciudadana. Los sistemas informáticos de apoyo (SITRAM, SIGAE, Génesis II) presentan limitaciones funcionales y no están integrados de manera eficiente.
La gestión de archivo y documentación es deficiente: el archivo físico está desordenado, el acceso a documentos históricos puede demorar meses y no existe un sistema de gestión documental actualizado. A partir de 2014 las patentes están digitalizadas, pero la documentación anterior permanece en condiciones de riesgo.
En síntesis, las unidades se encuentra en un estado de deterioro institucional acumulado, resultado de años de gestión deficiente, falta de inversión en condiciones operativas y ausencia de liderazgo técnico con visión de modernización.
El nivel de desempeño institucional de la Unidad de Mercado e Intendencia Municipal se califica como bajo, con una efectividad operativa que no alcanza el 50% de lo que debería lograrse conforme a su marco normativo y competencial.
Los indicadores que sustentan esta valoración son los siguientes:
1. Ejecución presupuestaria: Si bien en la gestión 2025 se registró un 99,59% de ejecución, para la gestión 2026 (enero–marzo) el nivel apenas alcanza el 16%, lo que evidencia dificultades en la planificación operativa de inicio de gestión.
2. Recaudación: La Unidad de Mercados ha mostrado un crecimiento sostenido en recaudación (de Bs. 2.509.652 en 2021 a Bs. 4.229.629 en 2025), lo que constituye el indicador más positivo de la gestión. Sin embargo, este resultado no se ve acompañado de una mejora proporcional en las condiciones del servicio.
3. Control y fiscalización: La Intendencia Municipal, con solo 27 funcionarios para toda la ciudad de La Paz, tiene una capacidad de cobertura insuficiente. Los operativos de control son limitados por falta de personal, vehículos y coordinación efectiva.
4. Atención ciudadana: La burocratización de trámites, el desorden documental y las deficientes condiciones físicas de atención generan una experiencia negativa para el ciudadano y tiempos de resolución excesivos.
5. Gestión de conflictos: Si bien la Dirección actúa como núcleo para la resolución de conflictos con organizaciones sociales, esta función se realiza de manera reactiva y sin instrumentos de planificación o seguimiento formales.
En términos generales, la institución ha priorizado la recaudación sobre la calidad del servicio y la modernización institucional, generando un desequilibrio estructural que requiere corrección urgente en la nueva gestión.
La continuidad operativa de la Unidad de Mercados e Intendencia Municipal se encuentra en estado crítico y vulnerable. Los factores de riesgo identificados son los siguientes:
1. Dependencia de dinámicas externas: La operatividad de la unidad depende en gran medida de la colaboración de federaciones y asociaciones gremiales, lo que reduce su autonomía institucional y la expone a presiones sectoriales que pueden interrumpir o condicionar sus funciones esenciales.
2. Cargos vacantes y rotación de personal: Para la gestión 2026 se registraron dos cargos de ítems sin cubrir (personal en régimen de Ley General del Trabajo), lo que debilita la estructura operativa de base. La rotación constante de personal impide la consolidación de capacidades técnicas institucionales.
3. Riesgo documental: La desorganización del archivo físico representa un riesgo legal y operativo de primer orden. La imposibilidad de acceder oportunamente a documentación histórica puede afectar procesos administrativos, legales y de control.
4. Infraestructura en estado crítico: La falta de vehículos operativos, equipamiento adecuado y condiciones físicas de oficina genera una capacidad de respuesta limitada ante situaciones de emergencia o incremento de la demanda.
5. Ausencia de planificación de contingencia: No existe un plan de continuidad operativa documentado, ni protocolos de gestión de crisis o emergencias institucionales. Ante la ausencia de personal clave o situaciones imprevistas, la operación de la unidad puede verse severamente comprometida.
6. Riesgo normativo y legal: La existencia de un vacío en la normativa regulatoria para la Unidad de Mercados e Intendencia, sumada a normas obsoletas, expone a la dirección a situaciones de inseguridad jurídica en sus actuaciones administrativas y sancionatorias.
La combinación de estos factores configura un escenario de alta vulnerabilidad institucional que requiere intervención inmediata y sostenida por parte de la nueva gestión.