Existen riesgos sociales cuando se presentan incumplimientos en los servicios cuya fiscalización corresponde al SIREMU, debido a que estos inciden directamente en la vida cotidiana de la población. La falta de control oportuno puede generar deficiencias en la prestación de servicios esenciales, derivando en afectaciones sanitarias, ambientales y malestar ciudadano. Esta situación debilita la confianza institucional y aumenta los reclamos vecinales. En consecuencia, una fiscalización insuficiente puede desencadenar escenarios de conflictividad social.
No se cuenta con información documentada respecto a las sanciones o penalidades aplicadas a las empresas concesionadas, lo que limita la posibilidad de evaluar con objetividad el historial de incumplimientos contractuales y las acciones correctivas adoptadas. Esta ausencia de datos impide identificar con precisión posibles focos de conflicto social o controversias con las empresas reguladas en el marco del proceso de transición, dificultando una valoración técnica adecuada de la situación.