XII. PRINCIPALES OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN

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XII. PRINCIPALES OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN

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Comisión Dirección Porcentaje de cumplimiento en entrega de documentación de la Alcaldía saliente (%) Problemas estructurales identificados
Ejecutiva Ambiental
60.00
1 Problemas de organización institucional y cambios estructurales recurrentes El informe de transición evidencia que la estructura organizacional de la instancia ambiental municipal ha sufrido cambios anuales durante todo el quinquenio 2021-2025. Estos cambios recurrentes generan pérdida de memoria institucional, obligan a un reaprendizaje constante de funciones y procesos, interrumpen proyectos estratégicos y generan inestabilidad laboral con rotación frecuente de personal. A ello se suma que el Área de Prevención y Control Ambiental fue conformada a partir de la fusión de dos unidades preexistentes: la Unidad de Prevención y Control Ambiental a Actividades, Obras y Proyectos y la Unidad de Prevención y Control Ambiental a Actividades Económicas e Industriales. Esta fusión genera sobrecarga operativa y pérdida de especialización en áreas críticas, además de dificultar el establecimiento de indicadores diferenciados de desempeño para cada tipo de actividad regulada. 2 Problemas competenciales dentro del GAMLP Otro problema severo es también que las diferentes secretarias del GAMLP se desentienden de su rol en la construcción de una ciudad sustentable debido a que se asume que la acción ambiental y climática es responsabilidad exclusiva de la unidad con responsabilidades de gestión ambiental. Esto a obligado a que la AAM se reduzca a la implementación de experiencias piloto y de pequeña escala, en lugar de conducir una transición ecológica para toda la ciudad y su alcaldía. 1.1.3 Problemas de recursos humanos y capacidad operativa limitada Uno de los problemas estructurales más graves es la insuficiencia de personal frente a la dispersión temática y territorial de las funciones. Por ejemplo, el informe presentado por la administración saliente señala que la capacidad operativa del equipo de guardaparques sigue siendo limitada frente a las 28 Unidades de Conservación que conforman el sistema municipal (16 Áreas Protegidas Municipales y 12 Espacios Naturales de Conservación). Si bien se mantiene presencia institucional los siete días de la semana mediante turnos rotativos, no existe personal de respaldo suficiente, lo que genera tiempos de respuesta lentos ante emergencias o infracciones ambientales en áreas alejadas. El modelo de áreas protegidas municipales como copia del modelo nacional liderado por el SERNAP debe repensarse. Otro problema crítico es la alta dependencia de personal eventual y consultores de línea para funciones técnicas especializadas. Por ejemplo, la AAM cuenta con dos funcionarios especializados en el monitoreo y análisis de agua bajo la modalidad de Personal Eventual, cuando anteriormente se contrataba Consultorías en Línea, quedando pendiente que estos puestos sean institucionalizados. 4 Problemas de planificación e instrumentos de gestión desalineados Un problema estructural significativo es la desalineación entre las metas comprometidas ante la Contraloría General del Estado y las capacidades reales de la institución. Las tareas comprometidas para cubrir el 20%, 40% y 80% del parque automotor con evaluación de gases de escape no son alcanzables con el equipamiento, infraestructura, precio de venta, personal y estrategia publicitaria actual. Esta brecha entre planificación y capacidades reales genera un riesgo permanente de incumplimiento y potenciales sanciones. A esto se suma el conflicto de facto de competencias con la Policía respecto a la revisión vehicular. Adicionalmente, los instrumentos de planificación como el PTDI y el PEI fueron aprobados con anterioridad a la emisión de recomendaciones de auditoría, y los ajustes gestionados por el GAMLP ante el Ministerio de Planificación aún no cuentan con aprobación del Concejo Municipal. Este desfase temporal entre los ciclos de planificación y los procesos de control externo genera un escenario de incumplimiento formal a pesar de los avances técnicos realizados. Peor aún, muchos instrumentos de gestión aprobados, como zonificaciones y planes de manejo, requieren de mayor presupuesto y medios para su operación, por lo que quedan como “planes de papel” sin ejecución efectiva. 5 Problemas de coordinación interinstitucional La coordinación con otras entidades presenta múltiples deficiencias estructurales. El caso más emblemático es el del Sitio de Disposición Final Sak'a Churu, cuyo proceso de licenciamiento se ha visto afectado por denuncias del Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla, que sostiene que los predios se ubican dentro de su jurisdicción territorial. Este conflicto limítrofe entre municipios ha paralizado el proceso ambiental durante años, evidenciando la falta de mecanismos efectivos de resolución de controversias territoriales. A nivel nacional, el GAMLP depende críticamente de entidades del nivel central y departamental para trámites fundamentales. Para la obtención de la Licencia Ambiental de Sak'a Churu, la Autoridad Ambiental Competente Departamental ha emitido criterios variables y ha devuelto el trámite en múltiples ocasiones. Dentro del propio GAMLP, existe una descoordinación estructural. Por ejemplo, la Dirección de Actividades Económicas tiene confusiones respecto a qué actividades están enmarcadas en el RASIM, por lo que otorga licencias de funcionamiento a actividades industriales que no cuentan con el Registro Ambiental Industrial aprobado. Esta falta de articulación entre unidades municipales genera un vacío de control y permite que actividades con potencial impacto ambiental operen sin la debida autorización ambiental. 6 Problemas de financiamiento y sostenibilidad económica El financiamiento insuficiente es un problema estructural transversal. Por ejemplo, debido al incremento del tipo de cambio del dólar, los precios de adquisición de insumos y equipamiento especializado se duplicaron, dificultando la obtención de cotizaciones adecuadas al presupuesto disponible. A ello se suman recortes presupuestarios que impiden adquisiciones críticas y el mantenimiento oportuno de equipos de monitoreo. La AAM presenta una alta dependencia de la cooperación internacional. Proyectos como “La Paz Recicla” (financiado por COOPI y el Gobierno de Italia), “Basura Cero” (financiado por Swisscontact y Suecia) y la Planta de Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición han sido implementados mediante convenios con entidades extranjeras. Si bien estos proyectos han permitido avances importantes, su carácter piloto, la falta de presupuesto municipal para mantener la infraestructura donada, y la falta de un plan de negocios y sostenibilidad y generan incertidumbre sobre su sostenibilidad operativa a largo plazo. Un problema particularmente grave es que la Tasa de Aseo Urbano recaudada representa no más del 20% del costo real de la gestión integral de residuos. Esto implica un subsidio regresivo insostenible, agravado por ajustes no previstos en la UFV y el precio de los combustibles (Decretos Supremos N° 5503 y N° 5516), que han incrementado los costos operativos de manera significativa y generado demandas de ajuste por parte de las empresas concesionarias. 7 Problemas de infraestructura y equipamiento obsoleto La infraestructura crítica de la AAM presenta serios problemas de deterioro y obsolescencia. Los equipos de monitoreo automático de NOx y O3 de la Red MoniCA han presentado fallas técnicas que impidieron su operación normal durante parte del quinquenio. El monitor de monóxido de carbono, tras el cambio de su lámpara UV, presentó una nueva falla que lo mantiene inoperativo a la fecha. Una compactadora de residuos se hundió al ingresar a la celda de disposición final, evidenciando deficiencias en la compactación y en la estabilidad de las celdas. La infraestructura del Centro de Revisión Técnica Vehicular presenta problemas estructurales. Se han identificado filtraciones en la avenida Mario Mercado, colindante con los predios del CRTV, que podrían estar afectando el terreno. Se estima que se requieren Bs. 231.804,22 para dar estabilidad al sector. Sin embargo, no se ha asignado el presupuesto necesario para estas refacciones. El problema más crítico en esta categoría es la falta de áreas nuevas para la disposición final de residuos sólidos. El informe advierte que la imposibilidad de contar con nuevas áreas compromete la sostenibilidad del servicio en el corto plazo. 8 Problemas de gestión de riesgos y contingencias La gestión de riesgos presenta debilidades estructurales graves. El informe documenta que recomendaciones de la Auditoría Ambiental por Peligro Inminente del Relleno Sanitario Alpacoma no han sido ejecutadas, entre ellas: “preparar un programa de análisis de riesgos de corto y mediano plazo” (recomendación 29) y “preparar un Plan de Contingencias actualizado con enfoque de riesgos” (recomendación 30). Ambas constan como no ejecutadas. De manera similar, no existen proyectos a corto y mediano plazo para la Gestión Integral de Residuos Sólidos que incluyan la industrialización de los mismos y que tomen en cuenta las necesidades reales de La Paz a mediano y a largo plazo. 9 Problemas normativos y legales El marco normativo presenta vacíos estructurales en temas críticos. Por ejemplo, en materia de descargas hospitalarias, la elaboración de la normativa que regule los efluentes de centros de salud de primer, segundo y tercer nivel tiene un avance de 0%, porque sin investigaciones de efluentes hospitalarios no se cuenta con sustento suficiente para regular una matriz tan compleja. En materia de modelo de gestión del agua, no existe una definición institucional ya qque la intervención prolongada de EPSAS S.A. por parte del nivel central del Estado limita la implementación efectiva de acciones a nivel municipal. A ello se suma que el régimen de transferencia de infraestructura no está resuelto. Por ejemplo, la controversia vinculada a la cláusula séptima del Convenio Intergubernativo de Financiamiento y Ejecución N° 56, referida al régimen de transferencia final de la infraestructura de agua potable y alcantarillado de Chicani Chinchaya, ha sido planteada por el GAMLP desde la gestión 2022 sin que a la fecha se haya alcanzado una solución. Esto implica que proyectos concluidos físicamente no pueden ser transferidos a operación, generando riesgos de deterioro por falta de titularidad clara. Adicionalmente, la falta de coordinación entre la GAMLP y la Autoridad Ambiental Competente Departamental a significado la violación recurrente de plazos establecidos en la normativa para la evaluación de instrumentos ambientales. El proceso de licenciamiento de Sak'a Churu ha implicado más de 60 actuados entre 2019 y 2026, con devoluciones y reinicios de trámite que evidencian la falta de predictibilidad y seguridad jurídica en el procedimiento. 10 Problemas de sistemas de información y datos Existe una desarticulación generalizada de sistemas de información de carácter ambiental. Si bien el Sistema Municipal de Información Ambiental (SMIA) supuestamente fue implementado para el público en junio de 2025 a través de la página de calidad del aire, la AAM no lo reportó como uno de los sistemas en uso por la institución. Adicionalmente, queda pendiente que su uso sea generalizado y que se agreguen datos de calidad del agua, residuos y otros factores ambientales. 11 Síntesis de problemas estructurales urgentes:a En el nivel de urgencia crítica, se identifica: • Falta de áreas nuevas para la disposición final de residuos sólidos, con una vida útil remanente estimada en solo 2 a 3 meses, de la celda actual, y de medio año más si se hace uso de espacio disponible en Saka Churu. • La intervención de EPSAS sin un marco de gestión definido impide al GAMLP ejercer plenamente sus competencias como titular del servicio. En el nivel de urgencia alta, se identifica: • Conflictos jurisdiccionales que paralizan el licenciamiento de Sak'a Churu. • La alta dependencia de personal eventual no institucionalizado • Presupuesto insuficiente para equipamiento y mantenimiento • Débil coordinación con la Dirección de Actividades Económicas que permite que industrias operen sin Registro Ambiental Industrial. En el nivel de urgencia media, se identifica: • Falta de normativa para el cierre de proyectos concurrentes • Planes de contingencia no actualizados. • Desfase estructural entre la planificación y las capacidades reales.