RECOMENDACIONES FINALES
Dado el tamaño y la cantidad de personal que maneja el GAMLP, es fundamental al inicio de la nueva gestión, emitir los instructivos necesarios para que:
• Ningún secretario, director, jefe o responsable autorice discrecional o libremente contrataciones de personal o inicio de funciones.
• Toda incorporación debe ser posterior a la firma de memorándum o contrato de personal eventual según corresponda.
• No se realiza ninguna incorporación de personal que no cumpla el perfil mínimo del cargo respectivo, tanto por formación como por experiencia.
• Requerir formalmente la entrega total de la información bajo apercibimiento de responsabilidades legales.
• Identificar y priorizar procesos en ejecución y con riesgo de medidas coercitivas.
• Implementar un sistema obligatorio de registro, seguimiento y trazabilidad de procesos legales.
• Regularizar y validar la información existente mediante verificación documental.
• Gestión de riesgos en el área legal de la DGRH: Realizar una evaluación urgente de contingencia económica. Activar medidas legales preventivas en procesos críticos.
• Responsabilidad institucional: Disponer auditoría especializada legal y administrativa e Iniciar procesos de determinación de responsabilidades por la función pública, en caso de verificarse daño económico o negligencia.
• Por todo lo expuesto, y en vista que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, es una entidad territorial autónoma que goza de representación judicial y extrajudicial a través de su Máxima Autoridad Ejecutiva que es la (MAE) y ante el incremento de procesos judiciales (civiles, penales, laborales, coactivos fiscales y administrativos en contra del municipio, se requiere una defensa técnica, eficiente y oportuna para salvaguardar los intereses institucionales y el patrimonio municipal. Se recomienda una vez que su autoridad sea posesionado como alcalde del Gobierno Municipal de La Paz, designar como mínimo un profesional de la Dirección de Asuntos Jurídicos, como su APODERADO LEGAL que le otorgue las facultades necesarias para que lo represente en los diferentes procesos judiciales en curso.